
En Francia actualmente el consumo de cannabis es el más alto de Europa, sin embargo sus normas permanecen rígidas en cuanto a regular el cannabs y el asunto es tabú en el país vecino.
Una iniciativa de los ecologistas franceses que no hay que olvidar que son socios del Gobierno del denostado Hollande, pretende sacar el debate de la normalización a las calles, y aunque no tenga muchos visos de salir adelante, el debate puede producirse.
Se trata de un proyecto de ley para autorizar el uso controlado de cannabis, y que debe ahora ser examinado en el Senado de la república francesa. La inciativa la firman 12 diputados de la cámara alta. En declaraciones a Le Figaro, su ponente Esther Benhassa que es representante de una zona sur del país, se muestra convencida de que suscitar el debate, y si saliese adelante produciría un positivo impacto en el paro y la economía francesa. No obstante, está iniciativa, lo que busca, es ser un marco a partir del cual el Consejo de Estado finalmente sea quien decida, en que se concretaría una posible normalizaión del cannabis. La cantidad máxima de THC, cuantas plantas, modo de suministro etc, y lo más importante es señalar que se diferenciaría al cannabis del resto de drogas, alejando a los usuarios de los riesgos inherentes al mercado ilegal.
La senadora ha calculado que se generarían unos 35.000 empleos y permitiría al Estado ahorra cerca de 1.000 millones de euros por los costos de la represión y la judicialización del consumo y el tráfico de este estupefaciente.
«La lucha contra las drogas ha fracasado», así comenzaba el informe realizado por La Comisión Global sobre Drogas de 2011, y eso es lo que está produciendo que los millones de euros que se gastan criminalizando al usuario, puedan destinarse a otras partidas más importantes, y por otro lado, proteger la salud de sus ciudadanos acogiéndolos en la esfera social repuestos en todos sus derechos actualmente mermados por tal criminalización, dando aires de tolerancia y libertad.
Volviendo a la realidad, el ministro de Interior francés Manuelo Valls, ya ha expresado en diversas ocasiones su rechazo a plantear ningún tipo de cambio legislativo, ya que opina que se mandaría un mensaje equivocado a la sociedad y en especial a los jovenes.